A principios de semana, nos sumamos junto con otros colectivos y organizaciones a una acción nivel estatal que exigía igualdad de derechos para todas las personas migrantes y refugiadas en esta crisis sanitaria
Junto con las reivindicaciones en redes sociales se remitió una carta al Gobierno donde se exigía la regularización de las alrededor de 600 mil personas que, se calcula, se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social lo que agrava, aún más, sus condiciones de vida.
En estos días el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha respondido en una carta a una de las participantes de esta acción en favor de las migrantes y refugiadas, que resumimos en estas líneas:Tras decretarse el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Institución comenzó a recibir quejas por la situación en la que se encontraban las personas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fernández Marugán pidió la puesta en libertad de estas personas ya que en la situación actual no puede llevarse a cabo su devolución o expulsión. El Defensor recuerda que la privación de libertad de estas personas en estos centros tiene como fin exclusivo asegurar la materialización de su devolución o expulsión.
El Defensor del Pueblo se encuentra en permanente comunicación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y con la Secretaría de Estado de Migraciones. Ambos departamentos han comunicado las medidas de coordinación adoptadas que han permitido que ya se esté poniendo en libertad de manera paulatina a los internos derivándoles a los recursos disponibles de acogida humanitaria. Por otra parte, el Defensor también ha trasladado al Ministerio del Interior y al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones consideraciones sobre la situación en los centros de estancia temporal para inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Fernández Marugán, teniendo en cuenta la tradicional sobreocupación de estos dos centros, en los que además, suele encontrarse un número significativo de menores, aboga por continuar con los traslados a la península y evitar así que se puedan producir contagios en unas dependencias que, en su opinión, no están preparadas para tal eventualidad.
Fernández Marugán ha pedido al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la concesión de autorizaciones de trabajo para ciertos colectivos de ciudadanos extranjeros que podrían incorporarse a determinados sectores (sanitario, agrícola o cuidado de personas mayores) que en esta crisis necesitan personal de manera urgente.
Así, el Defensor es consciente de que no es el momento de abordar reformas normativas. Sin embargo, cree que la legislación actual permite dotar de permiso de trabajo a ciudadanos que se encuentran en situación regular en España pero que no pueden acceder al mercado laboral al no contar con autorización de trabajo.
En esta situación se encuentran tanto solicitantes de protección internacional, titulares de la conocida como “tarjeta roja”, como jóvenes extutelados por la Administración, que son titulares de autorización de residencia no lucrativa.
Fernández Marugán recuerda que el Reglamento de extranjería dispone que, en caso de que circunstancias de naturaleza económica, social o laboral lo aconsejen, el Consejo de Ministros podrá dictar instrucciones para la concesión de autorizaciones de residencia temporal y/o trabajo, que podrán quedar vinculadas temporal, por ocupación laboral, o territorialmente, en los términos que se fijen en aquellas.
Es un primer paso hacia la regularización de estos colectivos vulnerables de nuestra sociedad, aunque debemos seguir firmes en nuestro esfuerzo por pedir la normalización e inclusión de estas personas.
Adjuntamos carta recibidad, CARTA OK DEFENSOR PUEBLO SOBRE REGULARIZACION MIGRANTES 130420
